El 17 de noviembre de 1855 Toribio Calzado, un español que desde hacía pocos meses dirigía el Théâtre-Italien de París, firma un contrato con el editor Blanchet, cesionario de los derechos de Verdi en Francia. Alquila la partitura y las particellas de El trovador para la temporada, con la obligación de devolverlo todo en marzo. Paga 250 francos por cada una de las diez primeras funciones (unos dos meses de salario de un obrero parisino, alrededor de 5.000 euros de hoy) y 200 por las siguientes, y se compromete a confiar la ópera a Mario, Graziani y Adelaide Borghi-Mamo. Cuando surge un litigio sobre el reparto de los papeles, el 22 de diciembre Verdi obtiene del tribunal que el contrato se cumpla. Hasta aquí el sistema funciona: hay un contrato, hay una remuneración, hay un juez.
El problema llega el verano siguiente. Calzado anuncia para la temporada 1856-57 La traviata y Rigoletto, y esta vez no firma nada con nadie. Verdi había vuelto a París a finales de julio, por pocos días, pensaba, el tiempo de arreglar la casa. Se quedará hasta enero. El biógrafo Frank Walker cuenta que el año anterior ya lo había retenido en Francia la lucha por impedir que sus óperas se dieran mal y sin pagar los derechos. Ahora la lucha se convierte en un proceso.
El 11 y el 15 de octubre de 1856 el tribunal civil del Sena, sala de vacaciones, presidido por Geoffroy-Château, escucha al abogado Ballot por Verdi y Blanchet y al abogado Paillard de Villeneuve por Calzado. La pregunta es sencilla y afecta a todos los compositores de la época: ¿puede un autor extranjero prohibir que en Francia se representen obras ya estrenadas en el extranjero? La respuesta de los jueces parte del artículo 11 del Código napoleónico, según el cual los extranjeros en Francia gozan de los derechos civiles que los tratados de su país conceden a los franceses. Verdi ha nacido en el ducado de Parma, las tres óperas se estrenaron primero en Italia, y entre Francia y Parma, o Austria, no existe ningún tratado sobre la propiedad de los autores.
Quedaba el decreto del 28 de marzo de 1852, firmado por Luis Napoleón cuando aún era príncipe presidente, que había extendido a los autores extranjeros la protección contra la falsificación. El tribunal lo lee al pie de la letra. El decreto remite al artículo 425 del Código penal y habla de impresión, grabado, ejemplares destinados a la venta: protege al autor extranjero de la copia material de su obra, no dice una palabra sobre la representación en el teatro. Para la ley francesa, por tanto, la partitura impresa de Verdi era suya, pero la Traviata cantada en el escenario de la Salle Ventadour era de quien la ponía en escena. Verdi y Blanchet pierden, y son condenados solidariamente a pagar a Calzado 1.000 francos por daños (casi un año de salario de un obrero parisino, que a mediados del siglo XIX ganaba entre 3,80 y 4,50 francos al día: unos 20.000 euros de hoy), por haberse opuesto sin derecho a las funciones.
La apelación se ve ante la Corte Imperial de París en las audiencias del 25 de noviembre, del 2 y del 13 de diciembre de 1856, con el abogado Dufaure defendiendo a Verdi. La Corte le quita la condena por daños, porque el perjuicio para Calzado no está demostrado, pero en el punto de derecho adopta las razones de los primeros jueces y confirma. Verdi y Blanchet recurren en casación, y el 14 de diciembre de 1857 también la Corte de Casación da la razón al teatro. Entretanto, el 19 de enero de 1857, Rigoletto había subido a escena en el Théâtre-Italien. Quien demandó entonces a Calzado fue Victor Hugo, que en el libreto de Piave veía un plagio de su Le Roi s’amuse. Perdió también él, y las crónicas parisinas registraron con una pizca de ironía el proceso que el Théâtre-Italien acababa de ganar.
No es la historia de un compositor desafortunado. Hasta 1852, recuerda el anuario jurídico que recogió la sentencia, Verdi había cedido sus óperas a un editor italiano y nunca había pedido nada por las funciones francesas. El mundo en el que un autor gana con cada representación, dondequiera que ocurra, estaba aún por construir, tratado a tratado, y en Italia pasaba por las manos de los editores, como contamos a propósito de Ricordi y del archivo de La Scala. El pleito de 1856 muestra dónde estaba la frontera: el papel se podía proteger, la voz de una soprano no. En los meses del pleito, entretanto, Verdi aceptaba encargarse en la Ópera de la versión francesa de El trovador. Con un teatro con el que se podía firmar un contrato.
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